Es hora de que el empleo decente sea una realidad

El crecimiento económico de nuestro país, tan bien ponderado por muchos sectores tanto aquí como en el extranjero, tiene como uno de sus principales déficits la creación de empleos decentes, es decir, que incluya como mínimo puestos de trabajo con salario básico, cobertura de la seguridad social y respeto a la libre asociación para la defensa de los derechos laborales. La información oficial relevada a través de encuestas de hogares y empleos muestra que un amplio y significativo segmento de la población trabajadora en relación de dependencia está excluida de estos beneficios y por lo tanto queda al margen de lo que con justicia le pertenece.

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Frente a esta situación, en la que el sector empresarial se beneficia con un crecimiento sostenido desde hace varios años, con bajos niveles de tributación y muchas exoneraciones de impuestos, es inconcebible que los trabajadores se mantengan al margen de las leyes laborales, sobre todo cuando los beneficios que otorgan estas son las mínimas para que cualquier obrero viva dignamente.

Ni hablemos de los beneficios con que cuentan los trabajadores de los países con mayores niveles de bienestar de la región.

La excusa no es que estos países crecieron y luego otorgaron derechos. Estos países se han desarrollado justamente porque han consensuado que frente a procesos de crecimiento económico todos deben ser beneficiados paralelamente: empresarios, trabajadores y Estado. Los primeros con la rentabilidad de su inversión, los segundos con remuneraciones y protección adecuadas para un nivel de vida digno y el Estado recaudando impuestos para ejercer su rol redistributivo.

El novel Ministerio del Trabajo debe ejercer su rol fiscalizador en el cumplimiento de las normas laborales vigentes. Esta ha sido, de hecho, prácticamente la única competencia que ejercía en materia laboral el anterior Viceministerio del Trabajo, por lo que tiene experiencia y recursos para hacerlo, más aun asumiendo que una parte importante de las empresas se encuentra concentrada en las áreas urbanas y en pocas ciudades del país.

El IPS también debe aumentar sus esfuerzos por formalizar el trabajo. Casi la mitad de los trabajadores en relación de dependencia no están cubiertos por esta institución, ni siquiera en las medianas y grandes empresas, que son las que cuentan con todas las condiciones para cumplir cabalmente la legislación vigente.

Instituciones como la Dirección de Contrataciones Públicas y el Ministerio de Hacienda, en cooperación con el IPS y el Ministerio del Trabajo, deben cerrar los circuitos de control de manera a cruzar la información para eliminar la evasión e impedir que empresas que no cumplen con sus obligaciones laborales sean proveedoras del Estado tal como ha venido sucediendo a lo largo del tiempo.

La modernización de Paraguay y su integración al mundo no pasan solamente por sostener el ritmo de crecimiento económico en el largo plazo y generar infraestructura vial y energética, sino fundamentalmente por contar con una población trabajadora que cuente con niveles de vida comparables con los demás países de la región.

El apego a la ley es una de las principales características del mundo desarrollado. Es hora que el sector público y los empresarios cumplan con la parte que les toca en este sentido.

Redaccion: Diario Ultima Hora, Editorial, 24.08.2014


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